La gestión de monumentos arqueológicos en Lima, Perú: panorama, diagnóstico y propuesta

Introducción

Este artículo actualiza y amplía la primera parte de la ponencia "¿Cómo gestionar con la sociedad un recurso socialmente depreciado? Situación y estudio de caso de los monumentos arqueológicos de Lima, Perú", que fue presentada en abril de 2014 en el Primer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural, realizado en Santiago de Chile. Durante esa exposición, uno de los datos que más llamó la atención fue la enorme cantidad de sitios arqueológicos dentro de la ciudad de Lima que no están integrados a la trama urbana, pero sí se encuentran amenazados con ser destruidos por la desordenada expansión de ella.

Es así que en la mencionada ciudad, los monumentos arqueológicos² aparecen hoy asfixiados por urbanizaciones modernas y, en su gran mayoría, son espacios lamentablemente descuidados, llenos de basura y usados como letrinas públicas. La situación descrita produce diversas tensiones sociales que enfrentan al Estado con algunos sectores de la población que le reclaman mayor eficiencia en su rol de defender y poner en valor el patrimonio arqueológico, o con otros que, al contrario, le reprochan el proteger huacas que no dejan espacio para nuevas viviendas, autopistas o parques.

En los últimos años han aumentado los esfuerzos del Estado, a través del Ministerio de Cultura (en adelante MC) y de algunas municipalidades, para recuperar los monumentos arqueológicos e involucrar en ello a la comunidad vecina, pero permanecen algunos sesgos como el énfasis en el mero aprovechamiento turístico de las huacas, el hacer de la "puesta en valor" una intervención puramente técnica, y enfocar el "uso social" de los monumentos a través de la realización en ellos de un formato rígido de actividades educativas o eventos artísticos.

Igualmente, las diversas iniciativas civiles, sean individuales o colectivas, para gestionar el patrimonio arqueológico de la ciudad, se encuentran todavía disgregadas, sin canales organizativos que las unan y con un marcado recelo hacia el MC. Surge entonces la cuestión de cómo hacer para que estos esfuerzos y los de otros actores sociales generalmente indiferentes al patrimonio arqueológico, puedan formar sinergias operativas para el manejo de unos 550 monumentos arqueológicos en Lima Metropolitana.

Plantearemos como alternativa la creación del sistema de Redes de Gestión del Patrimonio Arqueológico, el cual propone que desde determinados sitios o zonas arqueológicas monumentales, que funcionarían como nodos o centro operativos, se interconecte la gestión de diversos monumentos arqueológicos ubicados alrededor de estas. Las redes canalizarían la participación de los actores sociales locales de manera unificada, socialmente inclusiva y acorde a la realidad particular de cada sector de la ciudad. Se espera que esta propuesta no solo sea útil para Perú, sino para otros países con ciudades en las que pueden hallarse diversos sitios arqueológicos o históricos ceñidos por un entorno urbano moderno.

El patrimonio arqueológico del Perú: formación, complejidad y proceso de afectación

La geografía peruana se encuentra principalmente determinada por la cordillera de los Andes, que recorre longitudinalmente todo el territorio y alcanza una altitud máxima de 6 768 metros en el nevado Huascarán. Esta determina la existencia grosso modo de tres regiones reconocidas tradicionalmente como costa, sierra y selva; pero al interior de las cuales pueden reconocerse ocho grandes zonas ecológicas (Pulgar, 1996). Hace unos 14 000 años se inició la ocupación humana de todas estas regiones y zonas.³

Los arqueólogos han registrado sacrificios humanos que eran depositados a más de 6 000 metros de altitud (Reinhardt y Ceruti, 2010), vastos conchales en las orillas de las playas, asentamientos en zonas costeras originalmente áridas, que eran habilitadas para la agricultura mediante canales de irrigación, caseríos en las inmediaciones de los ríos de la llanura amazónica, entre otros.

Esta es una muestra de una amplia variedad que incluye zonas arqueológicas monumentales (correspondientes a santuarios, centros administrativo-ceremoniales y ciudades), enormes edificios aislados (templos, palacios), asentamientos domésticos construidos con materiales permanentes o perecederos (pueblos, aldeas, caseríos, estancias), cementerios en áreas libres aisladas o en edificios, campamentos de cazadores-recolectores, talleres de producción de artefactos, muebles, tambos, murallas, caminos, sistemas de irrigación, corrales, cuevas con diversa modalidad de uso, pequeños santuarios (como apachetas y zonas con monolitos huancas), geoglifos, petroglifos y andenerías y otros campos de cultivo especiales (chacras hundidas, waru-waru).

Los materiales constructivos asociados son también diversos. En la costa se usó la piedra sobre todo en edificaciones tempranas, pero luego fue abundante el adobe y el tapial, ambos fáciles de conservarse gracias a la aridez y a la muy escasa pluviosidad de la región.⁴ En la sierra predominaba la piedra en todos los períodos cronológicos, habiendo sido el adobe más incidental tanto por su menor utilización como por preservarse escasamente debido a las lluvias.

En la selva alta ocurría algo similar a esto último, mientras que en la llanura amazónica no se conserva arquitectura pues era de materiales orgánicos (ramas, cortezas, hojas) que se desintegraban con rapidez debido a la acidez del suelo, las inundaciones y el clima caluroso, marcadamente húmedo y lluvioso.

La presencia y frecuencia de los tipos de sitios previamente mencionados depende de factores sociales prehispánicos, cronológicos y geográficos. Algunos de aquellos son más vulnerables que otros por causas intrínsecas, como su volumen y área, el espesor de su estratificación, el encontrarse expuestos o no, etcétera (ver Cuadro 1, para el caso de Lima).

Por ejemplo, los campamentos y talleres líticos de la costa se encuentran al aire libre y por lo general no tienen una estratificación profunda, tanto así que el solo caminar sobre ellos podría removerlos gravemente. Otro tanto ocurre con los geoglifos, aunque cubren un área amplia del terreno. Así mismo, los cementerios pueden albergar entierros acompañados por muchos objetos finamente elaborados, y ubicarse a poca profundidad en zonas visibles y accesibles.

Todos los tipos de sitios indistintamente han sufrido algún grado de impacto antrópico desde la época colonial (y aún antes); el más severo es en las zonas que han venido siendo urbanizadas desde entonces, fundamentalmente en la costa. Inclusive han sido arrasadas por completo grandes áreas monumentales aun cuando fueron construidas en piedra.

El proceso de destrucción se aceleró de manera dramática en el siglo XX debido a la desordenada expansión de las ciudades, las invasiones de terrenos, la ampliación de la frontera agrícola, la apertura de redes viales, la habilitación de redes eléctricas y telefónicas, y la intensificación de las industrias mineras, de hidrocarburos y de construcción.

Según Ruth Shady (2000), "en las últimas tres décadas el Perú ha perdido el 60% de sus bienes patrimoniales, mucho más que durante los tres siglos del gobierno virreinal" (p. 16). Walter Alva (2000) observa también que "en los últimos 20 años han desaparecido total o parcialmente más testimonios arqueológicos que en los 4 siglos y medio posteriores a la conquista" (p. 123).

El proceso de afectación a sitios arqueológicos que hemos explicado hasta aquí, puede verse en el cuadro siguiente, que ilustra cómo se dio en la actual ciudad Lima.

Karen Luján (2010) afirma que desde la década de 1940 se ha registrado la desaparición de 131 sitios arqueológicos en la ciudad capital del Perú, siendo los distritos con mayor número de destrucciones los siguientes: Ancón (19 sitios), Chorrillos (15), San Juan de Lurigancho (12), y San Bartolo (7). No obstante, hay que notar que estos datos se basan en información publicada, por lo que el número total de sitios desaparecidos debe ser mucho mayor.

Políticas culturales, manejo y protección del patrimonio arqueológico inmueble en el Perú

Luis Guillermo Lumbreras (2006) hace una primera revisión de las políticas culturales peruanas retrotrayéndolas, con una exagerada idealización, hasta los Estados prehispánicos y haciéndolas llegar hasta la gestión del Instituto Nacional de Cultura (INC) entre los años 2003 y 2006. Ese panorama puede ser complementado con el tratamiento mucho más profundo del tema que hace Cornejo Polar (1992) para el lapso 1962-1990.

Para tratar lo que llama Lumbreras "la institucionalización de la cultura", ambos autores toman el año de 1962 como una fecha clave por ser el de creación de la Comisión Nacional de Cultura. Como observó Cornejo Polar, este hecho se da en el marco legal dado por la Constitución de 1933, la cual disponía que los "tesoros arqueológicos" estuviesen bajo la salvaguarda del Estado.

Sin embargo, llama la atención que ninguno de los dos autores mencionados tratara la Ley 6433, promulgada el 13 de junio de 1929, y que es la primera normativa específica y detallada referida al patrimonio arqueológico, y que crea el Patronato Nacional de Arqueología. Esta ley estuvo vigente hasta los años ochenta del siglo pasado y resaltaba por tener un concepto amplio de monumentos históricos pertenecientes al Estado (Artículos 1° y 2°), por dictaminar la elaboración de un mapa arqueológico y un inventario de objetos prehispánicos (Artículo 12°), y por determinar partidas del erario público para el desarrollo de la arqueología nacional (Artículos 17° y 19°). Pero cabe observar dos aspectos problemáticos que se planteaban en ella:

Si bien el Artículo 5° podría ser considerado positivo, no ha tenido correlato práctico. Es así que se desconoce que se hayan hecho expropiaciones sobre terrenos privados con carga arqueológica en los últimos años, aunque la legislación reciente lo permitía.

El Artículo 19° coadyuvó al arrasamiento de monumentos arqueológicos que reseñamos en el acápite anterior, pese a que la administración de la cultura en el país iba consolidándose paulatinamente (Cornejo Polar, 1992, pp. 41-42) y que se reconocía la importancia de los monumentos arqueológicos. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Reparemos ante todo en que debemos contextualizar esta situación. Durante el primer tercio de siglo no existía un pensamiento de acentuado conservacionismo de los monumentos y objetos arqueológicos, como el que hoy es común a la mayoría de arqueólogos y a los colectivos civiles de defensa del patrimonio⁵

El Artículo 19° de la Ley 6634 respondía a un contexto social muy propio de la época, como era el proceso modernizador de las ciudades, fundamentalmente Lima, que implicaba una renovación total respondiendo a los modelos europeos (Muñoz, 1998). Por ende, y situándonos en las primeras décadas del siglo XX, no existiría contradicción entre políticas para el patrimonio arqueológico y la permisibilidad para su demolición. Pero, adicionalmente, el grado de destrucción escapó a los mecanismos de control previstos por la ley, pues la enorme cantidad de monumentos arqueológicos en Lima (y Perú) rebasaba todas las posibilidades de una burocracia estatal y un cuerpo de arqueólogos muy incipientes.

La situación se complicó aún más a partir de los años cuarenta y en los sesenta, cuando las migraciones y los masivos requerimientos de vivienda desbordaron el espacio urbano ocupando varias zonas arqueológicas y cambiaron la conformación sociocultural de la ciudad.

Hasta aquí es interesante hacer algunas constataciones. Las políticas culturales y la normativa respectiva en relación con el patrimonio arqueológico en las primeras décadas del siglo XX han determinado tópicos que se arrastran como problemas o que no hallan su aplicación como soluciones hasta el día de hoy. La doble propiedad, la impracticabilidad de las expropiaciones, la necesidad de catastros o el reconocimiento de la doble propiedad de bienes culturales, se discuten y se norman hasta ahora como si fueran cuestiones recientes, sin análisis exhaustivos de las experiencias y resultados previos.

Actualmente, el Estado expide declaraciones como Patrimonio Cultural de la Nación para aquellos sitios a los que haya aprobado un plano de delimitación, una demarcación con hitos, un panel señalético y determinados documentos de registro técnico. Con ello, ganan una base legal de protección contra intentos de invasión, usurpación, remoción u otras afectaciones; si bien aquella no ha sido auspiciosa en la práctica. La posterior inscripción del monumento como bien del Estado es un procedimiento que refuerza tal protección legal, pero son pocos los sitios que la han alcanzado.

La construcción de cercos perimétricos de protección se ha venido haciendo más frecuente en los últimos años especialmente en monumentos que son sujetos a puesta en valor. Aunque no es lo más deseable colocar una barrera física entre un sitio y la comunidad vecina, se vuelve necesario ante los riesgos de afectación inminente que no pueden ser revertidos en el corto plazo con programas de concientización y educación patrimonial. Los sitios que poseen esta clase de protección son, no obstante, muy escasos en comparación a cuantos no lo tienen, siendo difícil cercarlos cuando son sumamente extensos (por la inversión que ello demanda) o hay conflictos de superposición con propiedades de particulares.

Visto lo anterior, podría pensarse que la normativa vigente del Estado peruano es irrestricta en cuanto a preservar el patrimonio arqueológico, y, en efecto, pareciera ser en teoría una de las más conservacionistas de Latinoamérica (para hacer un panorama comparativo al respecto, revísese Drennan y Mora, 2002, y Castellanos, 2010). Pero da espacio para procedimientos que deberían permitir un equilibrio entre la protección del patrimonio y las necesidades de implementación de servicios básicos, desarrollo inmobiliario e industrial e infraestructura pública. Para esto, autoriza los proyectos de rescate arqueológico de sitios o parte de sitios sobre los que se darán obras imprescindibles, así como planes de monitoreo de las mismas (para definiciones y aplicaciones de rescates y planes de monitoreo, véase Ministerio de Cultura, 2014). No obstante, la justificación de dicho carácter imprescindible ha sido en ocasiones motivo de encendidos debates públicos (por ejemplo, véase: Berríos, 2013, 26 de mayo).

El patrimonio arqueológico de la capital peruana

Lima Metropolitana está constituida por la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. El Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao a 2035 (en adelante, PLAM 2035) calculó en 447 el número de sitios arqueológicos en ambas provincias.⁶ Según Lizarzaburu (2015), esa cantidad corresponde solamente a los sitios que han sido geolocalizados, por lo que habría que sumarle unos 107 que no lo están.

Por lo tanto, el número total de sitios arqueológicos en Lima Metropolitana es de alrededor de 550, constituyéndose así en uno de los espacios urbanos con mayor riqueza prehispánica monumental en América, pese a que esta cantidad es apenas un remanente de los que hubo al momento de la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo (para una referencia, véanse las Figuras 1 y 2).

Sin embargo, no todos estos sitios cuentan con declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación y, por ende, no todos tienen las mismas posibilidades de protección legal por parte del Estado. Según el Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural de las Américas. Perú, 364 sitios de la provincia de Lima tenían tal declaratoria (Fundación Interamericana de Cultura y Desarrollo, ICDF, y Ministerio de Cultura del Perú, 2011, p. 67). Para noviembre de 2015 se decía que "En Lima hay más de 392 monumentos arqueológico declarados" (García, 2015, 4 de noviembre), sin precisarse si se hacía referencia a la provincia o a la metrópoli. Por otra parte, del total de monumentos (esto es, sitios arqueológicos con arquitectura) en la ciudad, apenas doce están puestos en valor y abiertos regularmente al público.

La capacidad del Estado para defender y gestionar esta enorme cantidad de sitios arqueológicos, se ha visto constantemente rebasada por la falta de planificación en cuanto al manejo del territorio, los vacíos en las políticas culturales y educativas nacionales, y por resultar insuficientes (así como deficientemente conducidos) los recursos humanos y financieros que han sido destinados al rubro de cultura, si bien se ha venido incrementando desde aproximadamente el año 2000 el número de arqueólogos profesionales que laboran en el hoy Ministerio de Cultura.⁷

A su vez, la destrucción de los sitios arqueológicos en la capital peruana, si bien no es un fenómeno exclusivo de los últimos 500 años, se exacerbó, como se ha expuesto antes, principalmente con la desordenada expansión urbana de la segunda mitad del siglo XX. Actualmente, la gran mayoría de estos se encuentran en medio de urbanizaciones modernas (Fotos 1 y 2), amenazados por invasores de terrenos y usados como basureros (Foto 3), urinarios o escondrijos de ladrones y consumidores de drogas.

Por ello, los monumentos arqueológicos son percibidos por la mayoría de la población limeña como un problema y no como un recurso urbano. Igualmente, la permanente dinámica de inmigraciones y emigraciones a lo largo de la historia de Lima, ha impedido que haya un vínculo cultural de ancestralidad con dichos monumentos (Espinoza, 2016).

Debido a esta situación, resulta incoherente exigir apriorísticamente a la población que respete y cuide el monumento arqueológico con el que colinda. No obstante, y de manera similar a lo ocurrido en México, la arqueología peruana más tradicional ha venido justificando esta exigencia mediante el argumento que el patrimonio arqueológico permitirá la forja de una "nacionalidad" unificada o de una "identidad peruana", cimentada en la autoestima, para un país que es asumido como presa de la anomia y de un complejo de inferioridad colectivo (véase Shady, 2002, pp. 13 y 15).

En una publicación anterior (Espinoza, 2014, pp. 381-382) se ha criticado este supuesto que maneja un sentido esencialista de la "identidad" pese a que actualmente ya se habla de "identidades" flexibles e incluso de "identificaciones" (Silva, 2013, p. 17). Adviértase, así mismo, que la recuperación del patrimonio arqueológico no produce iguales resultados en las identidades y en el desarrollo local. Trivelli y Hernández (2009) han mostrado cómo la puesta en valor en ciertas zonas arqueológicas de la costa norte peruana originó reconstrucciones, redefiniciones o reinvenciones de las identidades locales y tuvo impactos diferenciados en los procesos de desarrollo territorial rural con identidad cultural.

Más aún, la transformación del Señor de Sipán en un icono del Perú, no causó las reformulaciones identitarias que acabamos de mencionar ni trajo beneficios a la población circundante al sitio del hallazgo (Trivelli y Hernández, 2009, p. 209). En el Cusco, el excesivo flujo turístico a la ciudad la ha escindido haciendo que convivan en ella un centro urbano abocado al turismo y varias áreas periféricas donde la población realiza sus actividades excluida de dicho centro, situación a la que se ha denominado "el síndrome del Cusco" (Trivelli y Hernández, citados por Fonte, 2009, p. 62. Nótese que Fonte remite a una publicación que no contiene tal cita).

Figueroa (2013) llega a conclusiones similares al constatar que las prácticas turísticas en el Cusco y La Libertad coexisten con marcados niveles de pobreza y desigualdad socioeconómica y cultural, llegando inclusive a profundizar a esta última en un eje turístico tan consolidado como el que une la Ciudad Imperial y Machu Picchu. En síntesis, se comprueba que emblemas arqueológicos nacionales como el Señor de Sipán y el Cusco no han posibilitado una identidad del país unificada por una elevación de la autoestima, sino que, al contrario, conllevaron exclusión social. Por lo tanto, sostener que los monumentos arqueológicos darán una identidad nacional al Perú, no es más que un cliché con poco correlato real, que pierde de vista que sí existen identidades y grupos locales que son los primeros agentes a incorporar en cualquier proceso de gestión del patrimonio cultural. No es la ausencia de una identidad peruana única lo que causa una débil cohesión social, sino, ante todo, la multiplicidad de identidades e identificaciones sin suficientes canales de diálogo ni condiciones igualitarias de negociación entre ellas. De allí que en una urbe multicultural como es Lima, sea fundamental impulsar el fortalecimiento de una ciudadanía vinculada por el respeto, la solidaridad y los valores democráticos.

La gestión cultural del patrimonio arqueológico debe propiciar que los monumentos arqueológicos limeños se conviertan en factores de desarrollo trabajando principalmente a nivel barrial, pero sin obviar el contexto del distrito, la ciudad y el país ni la relación con otros sectores de la cultura que pueden ser convocados. Tal tipo de gestión debe enfrentar los siguientes tres retos:

La propuesta de redes de gestión que veremos más adelante tiene en cuenta el afrontamiento de estos retos. En tal sentido, aborda la necesidad de preservar los monumentos no como un fin en sí mismo sino para que se consoliden como recursos (Espinoza, 2014). Así mismo, tiene una visión de ciudadanía participativa, por lo que convoca a actores sociales diversos (Estado, colectivos patrimonialistas, universidades, colegios, asociaciones vecinales y empresa privada) a involucrarse en la gestión de los sitios arqueológicos de su barrio o distrito.

Son estos actores quienes al usar el monumento, bajo la debida normativa y supervisión del MC, lo dinamizarán, lo custodiarán y le darán sostenibilidad en el largo plazo para asegurar el aprovechamiento de sus valores múltiples. Al respecto, distintas agrupaciones civiles autogestionarias vienen interviniendo (durante varios años) en distintos monumentos sea mediante recorridos para escolares, ceremonias tradicionales o jornadas de limpieza.

Un panorama de la puesta en valor y la gestión de monumentos arqueológicos en Lima Metropolitana

El MC está hoy a cargo de dos proyectos de puesta en valor en Lima: El Paraíso y Bellavista. La primera zona arqueológica se ubica en el distrito de San Martín de Porres y la otra en Santa Anita. Estos proyectos son supervisados específicamente por la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble y por la Oficina de Gestión de Proyectos; es decir, por una instancia ministerial técnica y una administrativa, respectivamente.

Su financiamiento es asumido por el Estado bajo la modalidad de proyectos de inversión pública (PIP), enmarcados a su vez en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).⁸ Dicho sistema permite afrontar los elevados costos de una puesta en valor, que generalmente rebasan el millón de soles.

Valga hacer aquí una digresión: la aplicación del SNIP a la puesta en valor del patrimonio cultural inmueble genera algunas complicaciones. La primera es que siendo un sistema pensado sobre todo para obras de infraestructura, la complejidad de la excavación y conservación arqueológicas hace necesarios replanteos en los metrados programados para un PIP cuando este ya está ejecutándose. Ello se debe a que es muy difícil prever con exactitud el volumen de tierra que deberá excavarse hasta llegar a un nivel arqueológico buscado o el área total a conservar en un muro cuya mayor parte permanece cubierta por escombros acumulados a lo largo de los siglos.⁹

A la vez, se advierte que los PIP se centran en componentes técnicos (cercado, señalética, investigación arqueológica, conservación-restauración y habilitación turística y museística), pero no en componentes sociales, es decir, en programas de gestión cultural para la comunidad. La causa sería que los componentes técnicos son más adecuados para una cuantificación de avances como la que el SNIP acostumbra manejar en obras de infraestructura, pero también es debido a un sesgo incorrectamente economicista en la concepción del sistema, por el cual solo se considera beneficio social a lo que dará a la población ingresos económicos directos e inmediatos.

Así, la formulación de un PIP en un monumento arqueológico plantea que sus resultados producirán mejoras sociales gracias al uso turístico de este. Son menos enfatizados los usos de tipo educativo, que se consideran cumplidos mediante la implementación de un centro de interpretación o de un museo de sitio, y son casi siempre obviados los de tipo urbano-paisajístico, artístico-cultural o recreativo, que cuanto mucho aparecen señalados de manera tangencial durante la formulación del proyecto.

El SNIP reproduce el prejuicio de que los monumentos tienen un número muy limitado de usos, siendo el turístico el único que es relevado. Por cierto, esto se ve fomentado por la ausencia de indicadores consensuados para medir la incidencia social de una puesta en valor, que vayan más allá del "número de visitantes" o del "número de empleos directa e indirectamente generados". Es necesario considerar indicadores que surjan de una visión integral de mejora de la calidad de vida, como son disminución de la inseguridad pública en el entorno del monumento, mejoramiento de las condiciones de salubridad pública desde el inicio de la intervención, incremento del precio de los terrenos vecinos, etcétera. Algunos de estos indicadores han sido aplicados por Trivelli y Hernández (2009) para medir el impacto de la puesta en valor de monumentos arqueológicos en cuatro poblaciones de la costa norte.

Otras intervenciones de puesta en valor, de menor escala que las vistas antes, son administradas por el MC a través del Proyecto Qhapaq Ñan, en Huaycán de Cieneguilla (en el distrito del mismo nombre) y en el santuario de Pachacamac (Lurín). El citado proyecto está encargado de la gestión del gran sistema vial inca, así como de los monumentos arqueológicos asociados al mismo. Dicho sistema vial ha sido recientemente declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Nótese que el Proyecto Qhapaq Ñan utiliza el concepto de "uso social del patrimonio cultural" que viene a ser "un proceso dialógico y democrático que busca proteger, conservar y promover los bienes culturales materiales e inmateriales de manera participativa, buscando su reconstitución como elemento trascendente para el desarrollo sostenible de las comunidades" (Marcone y Ruiz, 2014, p. 119).

Igualmente, el MC administra monumentos arqueológicos, ya puestos en valor, total o parcialmente, a través de museos de sitio. Es el caso de Huallamarca (distrito de San Isidro), Puruchuco (Ate) y el santuario arqueológico de Pachacamac. La Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural del MC, administra el centro de interpretación de la vasta zona arqueológica monumental de Cajamarquilla (Lurigancho-Chosica), el cual ya viene normalizando su atención al público al momento de la redacción del presente artículo. En cambio, no se encuentran regularmente abiertas al público otros sitios arqueológicos que también han sido parcial o totalmente puestas en valor, como La Luz (distrito de Lima), Casa Rosada y Potosí (San Miguel), Huaycán de Pariachi y San Juan de Pariachi (Ate), San Borja (en el distrito homónimo) y La Merced (Surquillo), contando estas dos últimas con un centro de interpretación. La huaca Santa Catalina (distrito de La Victoria) se encuentra restaurada desde 1972 y presenta una sala de exposición, pero atiende previa cita.

En cuanto a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), su mayor participación en la puesta en valor se da de forma indirecta, a través de la División de Arqueología del Parque de las Leyendas, oficina que por varios años ha venido trabajando diversos monumentos arqueológicos en dicho centro recreacional (Carrión y Narváez, 2014). Sin embargo, de manera directa, es decir mediante arqueólogos asignados por la Gerencia de Cultura de la comuna, no ha habido más proyectos después de los realizados entre 2012 y 2014, durante la alcaldía de Susana Villarán. En ese lapso se desarrollaron proyectos de puesta en valor en cuatro sitios del distrito de Lima: Palomino, Corpus I, Culebras y Corpus II.

En 2013, la MML presentó el Plan de Gestión del Patrimonio Arqueológico de Lima (Gerencia de Cultura de la MML, 2013), del cual surgieron otros dos documentos a cuya elaboración se sumó el MC. El primero fue el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la MML y el Ministerio de Cultura, de agosto de 2013 (Municipalidad Metropolitana de Alcaldía, 2013), en el marco del cual la Dirección de Gestión de Monumentos, del MC, y la Gerencia de Cultura municipal prepararon en julio de 2014 un segundo documento, titulado Plan: mi huaca, herencia que nos une.

Cárdenas (2015a) presenta un resumen del contenido de los tres documentos citados aquí (véase página 73 y siguientes). En él se presentan los lineamientos técnicos que asumirían la comuna y el ministerio para la gestión del patrimonio arqueológico limeño.

El plan de 2013 propuso la implementación de cuatro grandes rutas turísticas como principal estrategia para la valoración ciudadana de su patrimonio arqueológico, las que fueron denominadas Chillón, Rímac, Limaq y Lurín. Impulsaba igualmente los programas educativos "Vamos al Museo y Vamos a las Huacas", los Talleres de Arte y Arqueología y "Cine en tu Huaca".

El plan conjunto de 2014 incrementó de 18 a 38 la cantidad de sitios a ser intervenidos durante una primera etapa en las cuatro rutas establecidas por la MML y los priorizó según consideraba que podían ser objetos de puesta en valor (es decir, de trabajos de excavación, conservación-restauración y adecuación turística) en el mediano o largo plazo, o susceptibles de tenerlo que llama un "uso social" (desarrollo de programas educativos).

Los sitios de prioridad 1 podrían ser puestos en valor en los siguientes 5 a 10 años y los de prioridad 2 en los subsiguientes 10 a 15 años. Así mismo, los que presentaban condiciones favorables para desarrollar programas educativos eran prioridad 1 y los que no las tenían, prioridad 2. La Dirección de Gestión de Monumentos incluyó en el componente de uso social a dos programas que venía efectuando las jornadas de cuentacuentos para niños denominadas "La Huaca nos Cuenta" (desde 2013) y las actividades de limpieza y conservación preventiva de sitios arqueológicos llamadas "Huaca limpia, Huaca Viva" (2014).

Si bien estos planes han sido dejados a un lado por el actual alcalde de Lima Metropolitana, Luis Castañeda Lossio, a pesar que eran buenas iniciativas, han sido mencionados en este artículo ya que traslucen ideas frecuentes en la gestión pública del patrimonio arqueológico: a) el repetido énfasis en lo turístico, b) la "puesta en valor" entendida como una intervención eminentemente técnica y c) el "uso social" de los monumentos arqueológicos visto como la realización de un formato fijo de actividades en estos, aunque correspondan a culturas, cronologías y entornos sociales muy diversos.

La Ruta Limaq añadía más sitios visitables a un sector de la ciudad que ya tenía una alta concentración de este tipo de sitios,¹⁰ mientras que son escasos y distantes entre sí en lo restante de la ruta. En consecuencia, no hubiese sido funcional un único recorrido turístico que englobara tantos sitios ni una rotación de solamente cinco actividades de uso social en ellos.

En 2006 la municipalidad del distrito de Magdalena del Mar, bajo la alcaldía de Francis Allison, participó de la recuperación de un sitio arqueológico que estaba invadido desde los años sesenta por medio centenar de familias: la huaca Huantille. La comuna logró que casi todos los invasores abandonaran el sitio y fueran reubicados, y firmó un convenio con el MC para la puesta en valor correspondiente (Guillén, 2012, p. 371). La investigación, conservación-restauración y habilitación para visitas fueron acompañadas por actividades artísticas y culturales para la comunidad, como "Pagos a la Huaca" y escenificación del "Inti Raymi" (Municipalidad de Magdalena del Mar, 2014). Sin embargo, luego de culminada la puesta en valor, las actividades mencionadas se han ido descontinuando.

Actualmente, el sitio atiende previa reserva a la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Magdalena del Mar, que administra el monumento. La destacada recuperación de la que Huantille ha sido objeto, contrasta de esta manera con una sostenibilidad limitada, lo cual es el problema básico una vez acabado un proyecto de puesta en valor.

La huaca Pucllana, en el distrito de Miraflores, ha sido puesta en valor ininterrumpidamente desde 1981, mediante un proyecto arqueológico (y un museo de sitio desde 1984) que se sustenta con aportes del Estado, del alquiler de áreas para eventos corporativos y una empresa privada que posee en el sitio un restaurante turístico de lujo. La administración institucional de Pucllana está a cargo de la Municipalidad de Miraflores, en convenio con el MC, mientras que el proyecto y el museo de sitio son dirigidos por la arqueóloga Isabel Flores (Flores, 2002 y 2005, pp. 94-96).

El museo ofrece hace años diversas actividades educativas como talleres de pequeños arqueólogos, cuentacuentos, etcétera, siendo de los primeros sitios en Lima en haber aplicado estas estrategias para involucrar a la comunidad (Cárdenas, 2015a y 2015b). En conclusión, el modelo de gestión de huaca Pucllana basa su sostenibilidad en concertar fuentes de financiamiento públicas y sobre todo privadas.

La participación de la empresa privada en el patrimonio arqueológico en Lima se ha concretado en otros dos proyectos de puesta en valor cuyos resultados son hoy visibles. Constituyen además un uso distinto de los monumentos prehispánicos, por el cual se les recupera para integrarlos a la trama moderna de la ciudad. En 2009, la empresa inmobiliaria San José SAC inició la construcción de un conjunto habitacional alrededor del sitio arqueológico Huantinamarca (en el distrito de San Miguel) y financió la recuperación de este, integrándolo a un parque asociado al mencionado conjunto.

El nombre de este último es "Parques de la Huaca", expresando que el monumento es el eje de referencia de un área pública moderna. Por otra parte, en 2014, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en convenio con el MC, intervino el tramo de camino amurallado ("camino inca") que se encuentra en su campus, incorporándolo al "entorno cotidiano de los estudiantes" (Michozuki, 2014).¹¹

Ahora bien, diversas personas y organizaciones en la sociedad civil están abocadas activamente a la gestión, defensa y difusión de los monumentos arqueológicos en Lima. Poseen muy diversa procedencia social y profesional: profesores, arquitectos, promotores culturales, colectivos New Age, agrupaciones de estudiantes de arqueología, etcétera. Las iniciativas individuales operan a través de Facebook, Twitter y blogs propios.

Su ámbito de acción puede expandirse hasta formar asociaciones o lograr que sean secundadas por otras instituciones. Por ejemplo, Lima Milenaria, del periodista Javier Lizarzaburu, fue acogida durante un tiempo por el diario El Comercio y por la anterior alcaldía de la MML. Entre las varias iniciativas individuales en curso están: Lima La Única (de David Pino), Arbolaridad, Memoria y Futuro (de Anahí Vásquez de Velasco), Salvemos las Huacas (de Jorge Contreras), etcétera.

Las iniciativas colectivas usan igualmente redes sociales y consisten en grupos multidisciplinarios en los que generalmente no faltan arqueólogos o docentes, además de los tipos de profesionales mencionados antes. Entre estas organizaciones tenemos al Instituto Cultural Ruricancho, Cuida tu Huaca (PLO), el Colectivo Colli, el Instituto de Cultura, Historia y Medio Ambiente (ICHMA), Kapaq Sumaq Ayllu, el Círculo Ciclista Protector de las Huacas y Ychmay Tampu.

Las características comunes a todas estas iniciativas son su dinamismo, el carácter autogestionario y la perseverancia. Varias se centran en el patrimonio arqueológico de un distrito o en un monumento prehispánico específico, por lo que obtienen un detallado conocimiento de la realidad de estos. Las actividades que usualmente llevan a cabo son organización de recorridos y jornadas de limpieza de los monumentos, celebración de ceremonias New Age en estos y charlas de difusión.

Si bien para sus acciones se pueden coordinar con el MC, su trabajo es autónomo con respecto a este, llegando a tener una actitud muy crítica y beligerante en su contra por considerarlo responsable del abandono del patrimonio arqueológico. Pero al mismo tiempo su autonomía es una debilidad, ya que no buscan todavía una organización que los congregue (como podría ser un Observatorio del Patrimonio Cultural), lo que restringe su representatividad social e influencia, su capacidad para articular esfuerzos y su sostenibilidad.

A modo de conclusión: diagnóstico y propuesta

El abandono y la latente amenaza de afectación sobre sitios arqueológicos manifiestan una disociación entre los actores vinculados con el patrimonio arqueológico: el Estado, los gobiernos locales y la sociedad civil (empresas privadas, colectivos e iniciativas individuales patrimonialistas). Estos actores tienen intereses contrapuestos en tanto no está consensuado el valor del patrimonio arqueológico como factor de desarrollo ni concebido como un bien público.

Se puede interpretar que esta situación se debe a características negativas de la sociedad peruana, como su débil institucionalidad (que deslegitima a los interlocutores para un diálogo social amplio), el modelo económico al que se asocia un concepto monetarista de desarrollo, y una ciudadanía diluida por un individualismo atropellador. Pero basta por ahora señalar que todo proceso de recuperación del patrimonio arqueológico en entornos urbanos deberá enfrentar conflictos diversificados, de los que se ha reconocido a grandes rasgos a las "tensiones horizontales" (al interior de la comunidad) y a las "tensiones verticales" (entre comunidad y Estado) (Espinoza, 2012).¹²

Como ya se mencionó antes, la gestión cultural tiene un rol mediador en este proceso, porque se encarga de convocar a la mayor cantidad posible de actores y de establecer puentes entre ellos. La clave del trabajo de gestión en estos casos son proyección a largo plazo, constancia y, aunque parezca obvio, pertinencia a la realidad local, sin perder de vista por supuesto un contexto mayor.

Un diálogo posibilitado así entre los actores serviría para conformar políticas culturales impulsándolas mediante acciones programáticas permanentes, y que como tales no sean bruscamente abandonadas tan pronto llegue un alcalde nuevo, o que se concentren de manera inadecuada las puestas en valor en pocos distritos de la ciudad.

Es importante ir replanteando ideas preconcebidas, conceptos y discursos en boga. Se corrobora que la concepción de que el patrimonio es útil siempre que atraiga turistas, está todavía muy arraigada. Ello alimenta un círculo vicioso que determina políticas gubernamentales y una falsa valoración entre autoridades y población sobre la importancia del patrimonio, que es relevado positivamente en la medida que sea fastuoso por su monumentalidad o sus hallazgos.¹³

En cuanto a la constancia en los procesos de recuperación, se advierte que la operatividad y sostenibilidad de los monumentos ya intervenidos enfrenta múltiples dificultades, lo que se aprecia en diversos sitios arqueológicos puestos en valor en Lima, pero que se encuentran cerrados o que atienden solamente previa reserva. La sostenibilidad presupuestaria de un monumento es difícil, sobre todo cuando depende solo del Estado o de una municipalidad. En cambio, se constata que huaca Pucllana debe su sostenibilidad a una confluencia de fuentes de financiamiento, entre las cuales es fundamental el aporte del sector privado; lo cual, claro está, no significa que el modelo de Pucllana sea exactamente replicable en todas las zonas monumentales de Lima.

Es remarcable que el MC, y en su momento la MML, haya llevado a cabo una serie de actividades que buscan involucrar a la comunidad con su patrimonio arqueológico local (Cárdenas, 2015b). No obstante, dichas actividades son estandarizadas y, al ser muy elevada la cantidad de monumentos arqueológicos en la capital, desafortunadamente no pueden ser realizadas de forma constante en una misma localidad, lo que limita su incidencia social. Las iniciativas de la sociedad civil son una primera alternativa a considerar, ya que, como se explicó, varias de ellas concentran sus acciones específicamente en un distrito o un monumento.

De forma complementaria, sería importante que el MC promoviera que diversas agrupaciones artísticas y culturales locales usen de manera controlada los monumentos arqueológicos para el desarrollo de sus especialidades, permitiendo que sean también laboratorios para la integración de los varios campos de gestión de la cultura: patrimonio material, artes e industrias culturales.¹⁴ Esto debería basarse en un diagnóstico que determine qué actividades podrían ser las más idóneas, a fin de crear vínculos provechosos entre monumentos y comunidad, o dándoles un formato acorde a la realidad cronológica y corológica del sitio arqueológico en que se llevarán a cabo.

Lo último no implica, por supuesto, que se hagan nada más que eventos tradicionales-ancestrales, sean "ofrendas a la Pachamama" o escenificaciones del "Inti Raymi", ya que terminarían estableciendo estereotipos sobre el uso social del monumento por los cuales es siempre repositorio de lo "indígena", y testimonio del pasado y no de problemáticas actuales. Se verá más adelante que los monumentos expresan realidades sociales (pobreza, criminalidad, etcétera) que deberían ser puestas a discusión y reflexión por parte de la comunidad.

Para finalizar, se expondrá una propuesta para gestionar el patrimonio arqueológico de Lima, elaborada por el equipo de trabajo del autor en el año 2014. Se trata de las Redes de gestión del Patrimonio Arqueológico.¹⁵ Es un sistema de gestión cuyo fin es contribuir a la promoción y fortalecimiento de la ciudadanía mediante un manejo ampliamente participativo de los sitios arqueológicos.

Se define aquí ciudadanía como el ejercicio de los derechos y deberes de una colectividad, de lo que se derivan valores de respeto, solidaridad, responsabilidad en la acción y reflexión crítica. Cada vez es más recurrente que en la gestión del patrimonio arqueológico peruano se hable mecánicamente de "ciudadanía" sin pensar en la razón concreta para hacerlo, por lo que es importante aclarar cuáles son las particularidades del fin mencionado para las redes de gestión.

Primero, más que apartarse del paradigma de "Cultura y desarrollo", la conceptualización de las redes de gestión entiende que el promover y fortalecer ciudadanía es un requisito para el desarrollo. Ello se justifica en que el aprovechamiento sostenible de un monumento arqueológico trae beneficios sociales y económicos; pero de no haber una ciudadanía que, como tal, posea canales de diálogo y negociación bien establecidos, estos beneficios podrían ser concentrados por el Estado o por un sector u organización local en particular, creando inequidades. Específicamente, se debe vigilar y facilitar los medios para la mejor distribución de beneficios, mediante una evaluación constante y compartida por el Estado con otros agentes sociales, del funcionamiento de las redes basada en objetivos e indicadores claros.

En segundo lugar, los valores como la reflexión crítica implican que los monumentos sirvan no solo para una emisión pasiva de datos históricos o como lugares públicos para la exhibición de un formato fijo y reducido de actividades artísticas o culturales; tienen que ser también espacios para abordar problemáticas contemporáneas como la discriminación por origen étnico y por género o la violencia política interna vivida por el país principalmente entre 1980 y 1992, ya que estas se manifiestan también en los monumentos arqueológicos (Espinoza, 2014). Ello conllevará la difícil tarea de que muchos agentes sociales (incluyendo arqueólogos, gestores y al Estado) dejen su zona de confort para cuestionar aún sus propios discursos, evitando maniqueísmos y partidismos políticos. Se trascenderá, así mismo, el campo del patrimonio material para activar el de la interculturalidad y el de la resolución de conflictos sociales.

En tercer lugar, la preservación de los sitios arqueológicos no será una meta per se sino una consecuencia del correcto funcionamiento de las Redes de Gestión, ya que a la comunidad le será más útil mantenerlos como bienes públicos y recursos de desarrollo, que destruirlos (Espinoza, 2014).

Ahora bien, en cuanto es un sistema, una red de gestión articula acciones entre el Estado y la sociedad civil en un territorio definido por un monumento arqueológico (o por su museo de sitio, si lo tuviera), que deviene en un nodo o centro operativo de coordinación, y determinado número de otros monumentos próximos a este. ¿Cuáles son los criterios para delimitar la extensión de una red? Será necesario entrecruzar los siguientes:

La coordinación entre un nodo y los agentes sociales de su rededor, se encontraría a cargo de la institución que administra a aquel, es decir del Ministerio de Cultura, proyectos arqueológicos, museos de sitio, oficinas administrativas privadas, municipalidades, colegios, entre otros.

Una primera propuesta de redes de gestión puede verse en el Cuadro 3, ordenada de acuerdo a cada uno de los cinco sectores de la ciudad¹⁷.

A modo de ejemplo, en la figura 2 se observa la ubicación de los sitios componentes de la Red Lima Centro 2, que tiene como nodo al complejo arqueológico Mateo Salado (foto 4), ubicado en el distrito de Lima.

Para culminar, añádase que a diferencia de los modelos actuales que son relativamente comparables a las Redes de Gestión, como los museos de sitio (en Puruchuco, Pachacamac o Pucllana), desde los que se supervisan zonas arqueológicas de uno o más distritos, estas se han diseñado para canalizar la participación de diversos actores sociales a fin de que realicen las actividades que son de su competencia en el marco del fomento y fortalecimiento de la ciudadanía.

Se distinguen también de las Redes de Patrimonio y Paisaje del PLAM 2035 (Municipalidad Metropolitana de Lima, 2014) en que no están orientadas a la puesta en valor de bienes históricos y culturales sino al uso social y a la futura cogestión de estos (para una definición de cogestión, véase Asensio, 2014, p. 29), y que incorpora inclusive a los monumentos que según el mencionado PLAM 2035 son de prioridad baja en términos de extensión, turismo y valoración científica.

Para su operatividad, las Redes de Gestión buscarían una sostenibilidad que recurra a fuentes de financiamiento múltiples. El MC, y específicamente su Dirección de Gestión de Monumentos, sería un facilitador para el establecimiento de estas redes, sin que sea necesario intervenir directamente en un sitio arqueológico a través de actividades culturales y pudiendo reorientar los recursos que invierte en estos hacia otros fines más acordes a su nuevo rol.