Políticas públicas y economía naranja en la región
Valles de Jalisco, México

Katia Magdalena Lozano Uvario
Pedro Méndez Guardado
Rosalba Castañeda Castro
Universidad de Guadalajara, México

[Recibido: 30/09/2017; aceptado para su publicación: 06/12/2017]

Resumen

El objetivo de este documento es analizar las directrices de las políticas públicas emanadas del Gobierno del Estado de Jalisco, que inciden en el fomento del binomio cultura-turismo en los municipios que conforman la región Valles de Jalisco, México, debido a la presencia de recursos patrimoniales tangibles e intangibles que han sido valorizados a partir de procesos y políticas identificados con la llamada economía naranja, enfocada en el turismo y el patrimonio cultural. Para el caso, se consideró el análisis desde una perspectiva territorial y de desarrollo local que discurre sobre el aprovechamiento, la valoración de los recursos y las capacidades locales. La metodología utilizada es de tipo descriptivo y correlacional, con información cuantitativa y cualitativa recabada de fuentes primarias y secundarias, a partir del trabajo de campo en la región mencionada. Los resultados obtenidos si bien refieren una proclividad hacia la economía naranja, también aluden diferencias espaciales en la aplicación de las políticas, mismas que varían por la incidencia del tipo de actores participantes, el grado de financiamiento y los usuarios del patrimonio, definiendo por ende proyectos y perspectivas de desarrollo territorial distintos. Por ello, se concluye en la necesidad de fomentar las capacidades de gestión de los actores y las iniciativas locales a fin de promover un mayor empoderamiento y desarrollo local.

Palabras clave

Políticas públicas, economía naranja, desarrollo local. 

Public policies and orange economy in “region Valles”,
Jalisco, Mexico

Abstract

The objective of this document is to analyze the guidelines of public policies issued by the Government of the State of Jalisco, which have influenced on the tourism-culture binomium in the municipalities that belong to “region Valles” of Jalisco’s state in Mexico. This is given by the presence of heritage resources, tangible and intangible, that have been valued, as part of the processes of the so-called Orange Economy, focused on tourism and cultural heritage. For this case, the analysis was considered from a territorial and local development perspective on the use and valuation of the local resources and capacities (of the society). The methodology used is descriptive and correlational, with quantitative and qualitative information collected from primary and secondary sources, based on fieldwork. The results obtained, although they refer to a proclivity towards the orange economy, also allude to spatial differences in the application of policies, which vary by the incidence of the type of actors involved, the degree of financing and the patrimony users, thus defining projects and different territorial development perspectives. Therefore, it is concluded that there is a need to promote management capacities of local actors and initiatives in order to promote greater empowerment and local development.

Keywords

Public policies, orange economy, local development.

Introducción

La necesidad de gestar e implementar políticas que incidan en el desarrollo de las regiones con menor nivel de crecimiento y bienestar ha sido un objetivo procurado prácticamente por todos los gobiernos a diferentes escalas territoriales, a partir de la valoración de los recursos endógenos, así como del fomento de las capacidades locales en los lugares de su competencia.

La dimensión cultural, como parte de la política de desarrollo, fue reconocida institucionalmente desde 1982 en la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales (Zúñiga, 2010), con la cual se reconoció la necesidad de gestar políticas públicas para dar solución, de manera específica, a los asuntos relacionados con el aprovechamiento y preservación eficiente de los bienes públicos de carácter cultural, el patrimonio, así como los servicios turísticos que se desprenden de su utilización y de su concepción como un motor de dinamización económica (Lahera, 2006; Aguilar, Merino y Migens, 2003).

La intervención gubernamental, por ende, se considera destacable, debido a que de manera explícita y entendiendo que la cultura no solo es un recurso sino también un derecho, puede alentar su producción, fomento, promoción, preservación y consumo (Ejea, 2008; Moreno, 2012), a la par que puede impulsar, a través de mecanismos democráticos, la participación de la sociedad y de los organismos públicos (Sandoval, 2015).

De manera particular, las políticas gubernamentales en el área cultural se caracterizan, siguiendo el planteamiento de Rama (2003, pp. 182-185), en cuatro orientaciones:

1. A través del otorgamiento de subsidios a las actividades culturales, mediante los cuales se promueve tanto la generación de bienes, como el acceso de los ciudadanos a ellos.
2. La estatización total o de una gran parte de la producción cultural nacional.
3. El llamado modelo anglosajón de financiamiento, en el cual el Estado promueve de manera indirecta las actividades culturales, con el estímulo de subsidios, patrocinios y mecenazgos privados mediante exoneraciones tributarias o de otra índole. Esta orientación es la que observa un mayor peso en la participación de la economía privada y la sociedad civil, lo que da pie a la inclusión de proyectos de asociación público-privada, con actores empresariales que pueden ser desde “pequeñas empresas hasta grandes consorcios tanto gubernamentales como privados” (Piedras, 2006, p. 32); lo cual transforma los espacios de su aplicación, así como el tipo de bienes y servicios culturales y patrimoniales que se gestionan.
4. Cuando el Estado solo opera como custodio del patrimonio, en tanto el mercado libre establece la asignación de los recursos económicos, incluidos los culturales.

En México, las políticas culturales han transitado, en gran parte del siglo XX, de la utilización discrecional y oculta de los recursos presupuestales, con metas y objetivos poco claros (Ejea, 2008), a la creación de organismos a nivel federal, como el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), el cual desde 2015 se transformó en la Secretaría de Cultura, así como el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca); no obstante que aún la inversión de recursos está por debajo del 1% de lo recomendado por la UNESCO (Ejea, 2008; Zúñiga, 2010).

En este contexto, si bien la cultura es responsabilidad de todos los poderes públicos, aun cuando existen marcos de competencia que establece la ley, las administraciones municipales siguen manteniendo, en muchos casos, una relación tutelar con la federación o con los gobiernos estatales, evidente por ejemplo en los recursos financieros para el desarrollo de los proyectos que alientan la cultura y el patrimonio, los cuales siguen siendo insuficientes o inadecuados en la forma o en el tiempo (Font i Cardona, 2002).

De manera particular, esta situación se torna trascendente en los espacios rurales debido a la reciente multifuncionalidad de su estructura económica y social, expresada en una mayor proporción y empleo de la población rural en ocupaciones industriales, comerciales y de servicios, en vez de las agropecuarias, donde destaca el uso de los recursos territoriales y el impulso a las actividades turístico-recreativas, asociadas a la cultura local, que activan y rentabilizan el paisaje, la arquitectura popular, las fiestas, las artesanías y la gastronomía, entre otros (Aguilar, Merino y Migens, 2003).

En este tenor, el concepto de economía naranja, definida como “la economía de la cultura y la creatividad […] aquella que comprende los bienes y servicios asociados a la cultura, la creatividad, el deporte, la artesanía, la gastronomía, el ecoturismo y la arquitectura” (Buitrago y Duque, 2013, p. 34), apoya el entendimiento de los procesos y las políticas del binomio cultura-turismo que emergen en el espacio rural.

La región Valles del estado de Jalisco se considera un espacio rural importante de desarrollo, con procesos y políticas que se identifican precisamente con el concepto de economía naranja, en virtud de ejemplos como los vinculados con el reconocimiento otorgado por la UNESCO desde el año 2006 al paisaje agavero y a las antiguas instalaciones de fabricación de tequila, presentes en los municipios de Tequila, Amatitán, El Arenal; o el proyecto de Vías Verdes y Rutas Creativas, Estrategias para el Desarrollo Regional, con impacto en los municipios de Ameca, Tala, Teuchitlán, Ahualulco de Mercado, San Juanito Escobedo, Etzatlán y San Marcos, que dio inicio desde el año 2007, a partir de dos tramos de vías del ferrocarril en desuso, que han sido habilitados y puestos a disposición de los usuarios no motorizados como peatones, ciclistas, personas con movilidad reducida, para fines recreativos o de desplazamiento cotidiano.

En este último proyecto también se ha enmarcado el aprovechamiento turístico-cultural de los recursos de patrimonio arqueológico y natural presentes en la región, entre los que destacan la zona arqueológica de los Guachimontones, el Palacio de Ocomo, la presa de la Vega, el río Teuchitlán, el área natural de Piedras Bola y la Sierra del Águila; además de la riqueza de las haciendas de Buenavista, Cuisillos y San Antonio Matute, entre otras.

Sin embargo, las políticas públicas implementadas en la región Valles han sido adoptadas de manera diferenciada por los municipios, lo cual ha generado una distinta apropiación por parte de sus pobladores, los actores económicos y los sociales, lo que conlleva también formas diversas de participación y gobernanza.

Por lo anterior, este documento analiza, siguiendo la perspectiva del desarrollo local, cómo se están gestando las políticas públicas respecto a la valoración de los recursos y las capacidades locales, así como la inclusión de agentes de desarrollo, más allá de la participación de los gobiernos subnacionales en la construcción de una economía naranja.

El análisis se rigió principalmente a partir de la información obtenida de las dependencias del Gobierno del Estado de Jalisco y otras fuentes secundarias, con las que se documentaron las acciones de los actores empresariales e institucionales.

El documento se compone de dos secciones: en la primera, se especifican los considerandos en torno a la economía naranja, la importancia de las actividades económicas involucradas y su relación con la generación de procesos de desarrollo local; en tanto que la segunda sección se integra con la revisión de las políticas públicas que se han implementado en la región Valles de Jalisco y el análisis de su impacto en el desarrollo local. Se finaliza con las conclusiones alusivas a las enseñanzas que se desprenden del caso estudiado.

Economía naranja y su relación con las estrategias de desarrollo local

En el último lustro, la llamada economía naranja ha sido prioridad e interés de los organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del cual emerge en 2013, y es difundida como un concepto integrador de los elementos comunes de la economía e industrias culturales y creativas, las del ocio, del entretenimiento y de los contenidos, como: “1) la creatividad, las artes y la cultura como materia prima; 2) los derechos de propiedad intelectual, y 3) la cadena de valor creativa” (Buitrago y Duque, 2013, p. 36), los que en su práctica generan iniciativas relacionadas con la creación de valor en sistemas de innovación prioritarios, basados en la propiedad intelectual (Luzardo, De Jesús y Pérez, 2017).

Para los propósitos de este análisis es importante resaltar que dentro de las categorías de la economía naranja se considera el turismo y el patrimonio cultural material e inmaterial, asociados con la producción de artesanías, los servicios y productos gastronómicos, los museos, archivos y bibliotecas, la arquitectura y restauración, los parques naturales y el ecoturismo, los sitios arqueológicos, así como las tradiciones (figura 1). A partir de esta inclusión la economía naranja considera las tres grandes dimensiones de la política cultural: “1) la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural; 2) la extensión de los servicios y beneficios de la cultura a la población; 3) el fomento y apoyo a la creación artística” (Ejea, 2009, pp. 18-19).

Figura 1. Categorías prioritarias de la economía naranja definidas por el BID

Fuente: elaboración propia con información de Luzardo, De Jesús y Pérez(2017).

No obstante, debido a su relativa novedad y a que sus resultados aún gozan de poca difusión y entendimiento por parte de los gobiernos (Buitrago y Duque, 2013) –sobre todo los subnacionales–, se requiere más atención al desarrollo económico de estas actividades, a su ajuste en el territorio, así como a los marcos institucionales para el diseño de políticas que fomenten su crecimiento.

Al respecto, Reyes señala que, aun cuando el desarrollo de la economía y la cultura es un campo en construcción, parte de la efervescencia de las estrategias y políticas en la dimensión cultural está dada en gran medida por los datos macroeconómicos que han proporcionado el aporte de ciertas actividades culturales y creativas al producto interno bruto (PIB) de las economías, por lo cual “la cultura se ha vuelto un instrumento para intentar el desarrollo económico […] van a generar empleos […] favoreciendo, por ejemplo, la instalación de nuevas empresas” (Reyes, 2016, p. 216).

En el caso de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta, en los resultados de la Cuenta Satélite de la Cultura, un PIB del 2.9% en el año 2015¹ (INEGI, 2017). El sector que más contribuyó, respecto a su participación en el valor agregado, fue el 71 Servicios de esparcimiento, culturales, deportivos y otros recreativos,² con un 45.39% del total; seguido del 51 Información en medios masivos, con 13.25%; y el 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos, con 10.73% (tabla 1).

Tabla 1. Participación porcentual de los principales sectores que contribuyeron al valor agregado bruto de la cultura, en 2015

     Fuente: elaboración propia con información del INEGI, 2017.

Con respecto al gasto en cultura en 2015, los resultados por financiamiento destacan, por un lado, la participación de los hogares con un 64.44%, mientras que el Gobierno federal participa con un 27.64% y los gobiernos estatales tan solo con el 1.45% (figura 2). Estos resultados destacan que los gobiernos municipales aún no tienen presencia en el financiamiento, o la casi nula presencia de otras organizaciones emanadas de la sociedad civil como las instituciones sin fines de lucro (ISFL).

Figura 2. Porcentajes de gasto en cultura por financiamiento en México durante 2015

Fuente: elaboración propia con información del INEGI, 2017.

Las posibilidades de fomentar el desarrollo económico y social a partir del enlace turismo-patrimonio cultural³ van de la mano con reconocimiento como un recurso no renovable, categorizado como un bien público, de carácter específico, sin sustitutos, indivisible en su consumo, generador de externalidades positivas, donde el mercado no funciona en otorgarle un precio, pues hacerlo mostraría sus fallas (Alonso y Martín, 2013); por lo cual el involucramiento de los organismos gubernamentales y la generación de políticas resultan centrales en el logro de este objetivo.

Piedras argumenta que el patrimonio representa una parte fundamental de la cultura de México, debido a “la riqueza de sus monumentos, zonas arqueológicas, pintura y el sinfín de fiestas, celebraciones y tradiciones” (Piedras, 2006, p. 37), cuya contribución económica se relaciona con el flujo de ingresos generados por medio del turismo y otras actividades relacionadas, en tres formas: “1) el gasto cultural que ejerce el gobierno; 2) su consumo directo (entradas a museos o festivales); 3) los efectos multiplicadores (derrama de hoteles, restaurantes y combustible)” (Piedras, 2006, p. 39). También es importante considerar el empleo que estas actividades pueden generar, aunado a la atracción de inversiones en actividades que conforman la cadena de valor de la cultura, entre otros.

Por ende, el papel de las instituciones públicas se centra en la asignación y provisión de los recursos patrimoniales, para resaltar tanto su valor económico como cultural, sobre todo en su activación, pues además de precisar recursos para su mantenimiento y conservación, “da origen a servicios que pueden formar parte del consumo final o ser consumos intermedios para la oferta de otros bienes y servicios” (Alonso y Martín, 2013, p. 1137).

Al respecto, Maldonado, Cruz y Ortiz (2016) sostienen que el patrimonio cultural despierta el interés en las personas por adentrarse y conocer una cultura diferente a la suya; de ahí se origina la llegada de visitantes para realizar actividades de turismo rural o turismo cultural, que utilizan recursos naturales y culturales de una población; hacen contacto directo con sus pobladores, paisajes y objetos artesanales. Además,

[…] no solo el legado monumental arquitectónico o artístico visible constituye un foco de atención. También los aspectos tradicionales de la cultura como las fiestas, las danzas y la gastronomía, al contener significaciones simbólicas y estar referidas al comportamiento, al pensamiento y a la expresión de los sentimientos de diferentes grupos culturales forman parte del consumo turístico, ya sean por sí mismas o como complemento de otras atracciones de mayor envergadura (Schlüter citado en Maldonado, Cruz y Ortiz, 2016, p. 133).

Para el caso analizado en este documento, los procesos de turistificación⁴ son una de las vías a través de las cuales se han seleccionado y puesto en valor los elementos del patrimonio cultural y natural, a partir principalmente de la intervención del Gobierno estatal y en algunos casos del sector privado, en la refuncionalización, restauración y revitalización (Pérez, 2017) de los recursos del espacio rural en la región Valles de Jalisco; los paisajes agrarios, las zonas arqueológicas y la gestión de las antiguas instalaciones de producción de tequila, las antiguas vías férreas en desuso –convertidas ahora en Vías Verdes–, entre otros, se han conformado en atractivos turísticos y recreativos.

Como medio prioritariamente rural, la región Valles también ha transitado hacia una multifuncionalidad y a la pluriactividad, donde se observa un desplazamiento de las actividades relacionadas con la explotación agraria, hacia las vinculadas con los servicios turísticos como proceso emergente, tales como los de alojamiento temporal o incluso la industria de las bebidas y tabaco, demostrando el efecto de la derrama turística que tiene el paisaje agavero, así como del aprovechamiento de los recursos naturales, paisajísticos y culturales de los municipios que se vinculan con las Vías Verdes.

Sin embargo, como lo ha planteado Troitiño (1998), la cultura aunque es factor generador de riqueza, demanda “vertebrar la sociedad local […] ponerse al servicio de la creatividad social y convertirse en un pilar fundamental de desarrollo” (Troitiño, 1998, p. 97). En tal caso, “la valorización del territorio requiere analizar desde una nueva perspectiva los recursos existentes y conocer la problemática socioterritorial planteada de cara a su explotación” (Troitiño, 1998, p. 100); así como conocer los riesgos, el rompimiento de sus equilibrios precarios, y las disfuncionalidades entre la gestión patrimonial, la territorial-urbanística y la turística, puesto que “no todo el patrimonio tiene dimensión turística y, por otro lado, la dinamización económica a partir del turismo y de los equipamientos o infraestructuras culturales tiene importantes limitaciones” (Troitiño y Troitiño, 2016, p. 2).

Entre los riesgos se encuentran aquellos ligados con el incremento en el financiamiento privado sobre el público, dada la focalización en la recuperación de la inversión y la obtención de beneficios económicos, sobre los sociales, con lo cual “existe la posibilidad de dejar de lado la importancia y significado de la expresión cultural o la tradición en sí misma, promoviéndose así la estandarización en aras de incrementar su comercio” (Piedras, 2006, p. 40).

Por lo anterior, el énfasis debe estar en perfilar modelos de gestión sostenible “donde el patrimonio (territorial, cultural o paisajístico) y el turismo se incorporen de forma equilibrada a los programas y proyectos de desarrollo territorial y urbano” (Troitiño y Troitiño, 2016, p. 3); o como lo destaca Cabrales: “cultivarse un turismo cultural sostenible y solidario con el desarrollo local” (Cabrales 2015, p. 351).

Evaluación inicial de las políticas que promueven la Economía Naranja en Jalisco y la región Valles

En las últimas dos décadas, el estado de Jalisco ha orientado su desarrollo económico a partir de una creciente industria creativa, centrada en los sectores de alta tecnología (electrónica, software y biotecnología), promovida con proyectos, políticas públicas y fondos que impulsan los negocios basados en el conocimiento, más que en la mano de obra, con lo cual se ha logrado una reconversión productiva y un liderato nacional (Arechavala, Rico, Rodríguez y Huerta, 2010, p. 197).

Las políticas gubernamentales orientadas a la creatividad, se asociaron en un primer momento con la construcción de un entorno innovador que incluyó una estrecha vinculación entre diversas dependencias del gobierno local, las organizaciones privadas del sector de la electrónica y las instituciones educativas a nivel superior de la entidad, a partir de lo cual se constituyeron planes y programas específicos enfocados al fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación en Jalisco (Basulto, Hernandez y López, 2016).

Los resultados obtenidos a nivel estatal, así como el mantenimiento y aplicación de este tipo de políticas a otros sectores vinculados con la creatividad, como los culturales, observan dos orientaciones centrales:

La primera, vinculada con la generación de estrategias que tratan de beneficiarse del desarrollo especializado en la industria del software y la eléctrico-electrónica del área metropolitana de Guadalajara (AMG), aprovechando la masa crítica y el ambiente creativo e institucional desarrollado en el AMG desde la década de los noventa del siglo XX; donde también se presenta el surgimiento de pequeñas empresas culturales.

La segunda, en cambio, se basa en el empleo de los recursos patrimoniales y en la gestión del mencionado binomio turismo-cultura, mediante el impulso de proyectos emanados del Gobierno del Estado, así como de otros promovidos en asociaciones público-privadas, en áreas rurales o en municipios no metropolitanos.

En relación con esta segunda orientación, la región Valles de Jalisco ha sido un claro ejemplo debido a dos importantes hechos: primero, la inserción de procesos económicos vinculados con el sector turístico-cultural “apoyados en la valorización del patrimonio territorial mediante la institucionalización del paisaje cultural, lo cual arrancó en la década de 1990 y se coronó en 2006” (Cabrales, 2015, p. 333), con la declaratoria por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, bajo la acepción de “Paisaje Cultural, del Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila” (Cabrales y González, 2008), que contempla a los municipios de El Arenal, Amatitán y Tequila dentro de la zona núcleo, así como a Teuchitlán y Magdalena dentro del perímetro declarado (figura 3).

Figura 3. La región Valles de Jalisco y los municipios participantes en los proyectos de Vías Verdes y Paisaje Agavero

Fuente: elaboración propia.

El segundo hecho tiene que ver con la puesta en marcha a partir del 2007 del proyecto Vías Verdes Jalisco, el cual evolucionó en 2013 bajo el nombre de “Rutas Creativas: Estrategias para el Desarrollo Regional”, en el cual se han rehabilitado dos rutas de antiguas vías de ferrocarril (en desuso), con una extensión de 52 kilómetros (Ruta Empalme Orendain-Ameca, denominada “El Gordero”), y 35 kilómetros (Ruta La Vega-Etzatlán, llamada “El Minero”), convertidas en espacios para el desplazamiento no motorizado y su uso recreativo, que han impactado el desarrollo en siete municipios: Ameca, Tala, Teuchitlán,⁵ Ahualulco del Mercado, San Juanito Escobedo, Etzatlán y San Marcos (Lozano, González y Méndez, 2013) (figura 3).

Ambos casos son contrastantes por el tipo de estrategias y las políticas que se han llevado a cabo:

En el caso del Paisaje Agavero, Cabrales (2015) sostiene que los grupos oligopólicos, con poder y dominio tanto en la cadena de valor agave-tequila, como ahora en la oferta turístico-cultural, han desarrollado de manera constante tanto marcas de la bebida, como productos en el ámbito turístico-cultural. Con apoyo del Estado han impulsado proyectos bajo el esquema público-privado, que han derivado tanto en la declaratoria misma, como en la mercantilización y la gestión del “Tequila Express” en 1997 y el tren turístico “José Cuervo Express” en 2012; la inclusión de Tequila al programa federal Pueblos Mágicos en 2003; la Ruta del Tequila promovida por el Consejo Regulador de Tequila (CRT) en 2005; u otros emanados solo de los corporativos privados como “Mundo Cuervo” de la Fundación Cuervo, quienes también organizan el Festival Cultural de Tequila; el Museo Sauza o el de La Cofradía, que opera desde 2004.

En contraste con los proyectos provenientes desde el ámbito privado, Cabrales (2015) también evidencia que los de carácter exclusivamente público muestran debilidad en su ejecución y gestión: el Museo Nacional del Tequila solo recibió en 2008 “un 7.7% de visitas con respecto a Mundo Cuervo” (p. 354); mientras que el proyecto Paisaje Agavero como ruta cultural oficial del Gobierno del Estado, se supedita en la forma a la emanada por el CRT, y no es apoyada financieramente con recursos internacionales, como sí los recibe del BID la Ruta del Tequila; asimismo, ha sido errática y lenta la gestión y mantenimiento de obras de infraestructura, como los centros interpretativos del paisaje agavero o los miradores.

El caso del Paisaje Agavero alude a una participación heterogénea de actores en el territorio, que en términos de gobernanza territorial⁶ se percibe más por las políticas públicas ejecutadas por la esfera institucional, pero relacionadas con los intereses corporativo-empresariales, dejando a la deriva, hasta cierto punto, a la esfera socioterritorial, más como espectador y receptor de los proyectos impulsados para el territorio (Plascencia y Lozano, 2014, p. 226).

Figura 4. Actores involucrados en las distintas esferas del poder en el caso de Amatitán, Jalisco

Fuente: Plascencia y Lozano, 2014, p. 227.

La figura 4 muestra las relaciones que en ese tenor Plascencia y Lozano (2014) documentan para el caso del municipio de Amatitán, Jalisco, donde principalmente las empresas tequileras (esfera empresarial) y la administración pública (esfera institucional) han impulsado el sistema económico local a través de las actividades turísticas relacionadas con el agave y el tequila, asociando a ello los bienes culturales y el financiamiento de obras de infraestructura urbana y equipamiento, lo cual ha generado reacciones de la esfera socioterritorial, en el ánimo de generar oportunidades individuales o colectivas de involucramiento, diálogo y negociación en la gestión de su territorio, y no solo en la recepción de los impactos que generan este tipo de dinámicas económicas.

En los últimos tres años, la gestión con rumbo a la economía naranja se enfatiza principalmente en el municipio de Tequila, a partir del proyecto “Tequila, Pueblo Mágico Inteligente”, el cual implementa “una política pública de amplia cobertura en las áreas de seguridad pública, salud, educación, cultura, recreación, sustentabilidad, activación del turismo y la economía con el modelo Smart City” (Secretaría de Planeación Administración y Finanzas, 2016, párr. 3). En este sentido, la idea central de los destinos inteligentes es la aplicación de tecnología, principalmente de información y comunicación, así como soluciones de energía en la administración del territorio, al tiempo que se trabaja de manera colaborativa con los ciudadanos, la administración y las empresas con el fin de proveer respuestas rápidas y personalizadas a las necesidades de los turistas, las empresas turísticas y el gobierno (Gahr, Hernández, Rodríguez y Parra, 2014).

En orden con este proyecto, en junio de 2017 el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, emitió la convocatoria pública “Tequila Smart Destination”, con el propósito de desarrollar una plataforma integradora en “la nube” que permita la incorporación de aplicaciones específicas, ya en funcionamiento de forma aislada, así como futuras aplicaciones que pudieran surgir o actualizar, permitiendo el acceso, compartir información y la toma de decisiones, de los diferentes actores involucrados (Dirección General de Innovación y Gobierno, 2017).

El resultado de la convocatoria gestó tres prototipos, que a la fecha se están evaluando, respecto a cuatro componentes centrales: 1) la geolocalización del destino, a fin de entender la estructura económica de Tequila, proponer una lógica de servicios y un modelo de negocio; 2) aplicaciones turísticas, que incluyan un sistema de información al viajero sobre los medios de transporte urbano; la localización de aparcamientos y estacionamientos, así como aquellas que permitan generar información, avisos y denuncias de los ciudadanos a fin de medir el pulso de la ciudad; 3) la generación de la plataforma de información e integración de lo digital en el ecosistema del municipio; 4) la sustentabilidad inteligente, que contempla simulaciones a los años 2020 y 2040, así como el gobierno digital (administración en línea) (Dirección General de Innovación y Gobierno, 2017).

Por otra parte, la subregión de las Vías Verdes de los Valles (RVVV) ha sido orientada hacia la economía naranja principalmente a partir de las políticas públicas emanadas del Gobierno estatal, cuya planeación y gestión se remonta a 2007, en alineación al proyecto a nivel nacional Vías Verdes México, coordinado por el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero (Lozano, González y Méndez, 2013). El objetivo de este proyecto ha sido el siguiente:

Mejorar la calidad de vida y fomentar el desarrollo de las comunidades a las que el ferrocarril ha dado servicio desde su creación, mediante la comunicación entre ellas por estas vías y la entrada de capital que se genera por turismo, ofreciendo al mismo tiempo a este turismo la oportunidad de disfrutar de áreas verdes históricas y culturales (información directa de la Secretaría de Planeación, noviembre de 2008).

Cabe mencionar que si bien el Proyecto Vías Verdes Jalisco contempló en su inicio las dos rutas en la región Valles, así como la vía Ocotlán-Atotonilco El Alto, con una extensión de 35 kilómetros en la región Ciénega (Lozano, González y Méndez, 2013); en junio de 2015, el gobierno de Jalisco, en conjunto con el municipal de Zapotlán El Grande, pusieron en marcha los trabajos para la construcción de una ciclovía de 5.6 kilómetros, integrada al proyecto de Vías Verdes que atraviesa la cabecera municipal de Ciudad Guzmán (Zapotlán El Grande, 2015).

Por su trayectoria, se pueden reconocer tres grandes fases desarrolladas en el Proyecto Vías Verdes y Rutas Creativas de Jalisco, de manera preponderante en la región Valles (tabla 2).

La primera fase, de 2008 a 2010, marca el inicio del Proyecto Vías Verdes. Se centra en la cesión de los derechos de vía al Gobierno del Estado de Jalisco, así como en la elaboración del Plan Maestro; asimismo, se focalizó en la recuperación de la ex estación ferroviaria de Ameca como centro cultural e inicio de la ruta “El Gordero”.

Tabla 2. Fases y actividades desarrolladas en el Proyecto Vías Verdes y Rutas Creativas de Jalisco (2008-2017)

Fuente: elaboración propia con información directa de la Secretaría de Planeación (noviembre de 2008), la Secretaría de Cultura (al 1 de febrero de 2017) y el Gobierno del Estado de Jalisco (2016).

La segunda fase se contempla de 2010 a 2013, siendo la acción principal la obtención de recursos a invertir en la recuperación y reúso de las vías a partir de la venta de los rieles: al 2013, el gobierno había vendido 6 470 825 kilos de material férreo, por los que recibió $24 265 594 pesos (El Informador, 2013). En esta etapa el Gobierno federal financió el desarrollo de las vías a partir de una inversión de 20 millones de pesos para la construcción de ocho kilómetros entre Ameca y la localidad de San Antonio Matute.

En la tercera fase, de 2013 a la fecha, la transformación del Proyecto Vías Verdes al de Rutas Creativas, marca un cambio cualitativo en la visión del proyecto, el cual se focaliza no solo en las oportunidades que se desprenden del aprovechamiento de las vías, sino también que se perfila como

una estrategia de desarrollo regional integral… es un cruce de vías entre el patrimonio cultural e industrial, la movilidad no motorizada en senderos rurales, el turismo y el desarrollo de productos y servicios innovadores… Rutas Creativas busca potenciar el gran capital natural y el patrimonio cultural de la región a través de un plan intermunicipal e intersecretarial que articule la inversión estratégica en atractivos como el volcán de Tequila, la presa de La Vega, las Piedras Bola, las Vías Verdes, el centro interpretativo Guachimontones, el Palacio de Ocomo, las antiguas estaciones de tren y las majestuosas haciendas cañeras y agaveras (Gobierno del Estado Jalisco, 2014, p. 159).

Esta fase es la que mayor inversión ha reportado y durante la cual se ha consolidado la construcción de la infraestructura de las vías, así también el desarrollo de actividades de animación en las rutas, suscitando para 2016, la visita de 640 430 personas en los municipios de la región Valles, según información directa de la Secretaría de Cultura.

En términos de financiamiento, el Gobierno del Estado de Jalisco ha sido quien ha realizado la mayor aportación económica (85%), para la reutilización de las Vías Verdes principalmente en la región Valles, totalizándose una inversión de $239 954 033 pesos en el período de 2008 a 2016, mientras que los gobiernos municipales aún aportan una inversión residual del 6% (tabla 3).

Tabla 3. Fuentes y montos de inversión erogados en el Proyecto Vías Verdes y Rutas Creativas de Jalisco, de 2008 a 2016

Fuente: elaboración propia con información directa de la Secretaría de Planeación (en noviembre de 2008), la Secretaría de Cultura (al 1 de febrero de 2017), el Gobierno del Estado de Jalisco (2016 y 2017).

Debido a la rehabilitación de paradores y ex estaciones ferroviarias, los municipios de la RVVV han reportado la realización de actividades de animación sociocultural y la gestión de iniciativas locales consistentes en actividades culturales, recreativas, físicas y ambientales que involucran a la comunidad usuaria de las vías, así como la atracción turística de visitantes procedentes principalmente del AMG, quienes tardan en desplazarse menos de dos horas a los municipios más alejados.

La figura 5 muestra el conjunto de las acciones de animación, así como el número total de municipios donde se llevan a cabo. Por ejemplo, en los siete se han realizado el 100% de las actividades ambientales propuestas para los tramos de ruta: reforestación, limpieza y mantenimiento de sus áreas verdes; sin embargo, no es así con la inclusión de las recreativas como campamentos, rally de juegos o esparcimiento, que solo se realizan en uno de ellos.

Figura 5. Actividades de animación sociocultural desarrolladas en la RVVV, según el número total de municipios donde se llevan a cabo

Fuente: elaboración propia con información de la Secretaría de Cultura.

La figura 6 presenta el porcentaje de las actividades de animación por municipio, con lo cual se pueden apreciar diferencias en su activación, aun cuando guardan una proporción similar en el total: por ejemplo, mientras el municipio de Tala se involucra en el 75% de las acciones de activación física contempladas, solo lleva a cabo un 17% de las recreativas; en cambio, San Marcos o Etzatlán tienen una alta proporción de realización de estas, 50% de las actividades físicas y del 50 al 67% de las recreativas. También destaca el municipio de Ahualulco de Mercado, por ser el lugar principal donde se ejecutan actividades culturales con un 50% del total.

Figura 6. Porcentaje de actividades de animación sociocultural que se realizan en los municipios de la RVVV

Fuente: elaboración propia a partir de la información directa de la Secretaría de Cultura.

Así, no obstante el impulso mayor o menor de las actividades, resaltan dos hechos: primero el que todas ellas pueden involucrar más al usuario cotidiano de las vías que al turista; en segundo término, su asociación con otros programas culturales como el “ECOS Música para el desarrollo”, que promueve el aprendizaje formal de la música como una herramienta para el desarrollo social; con la puesta en escena Raíz. El grito de un sueño, impulsada por el programa de apoyos Proyecta, planeada para exponerse en un espacio no teatral como el de las ex estaciones ferroviarias, siendo seleccionada la del municipio de Etzatlán (Secretaría de Cultura, 2015); la celebración del Día Internacional de la Bicicleta que se organiza en conjunto con el Consejo del Deporte (CODE) y el Instituto Jalisciense de la Juventud (Secretaría de Cultura, 2016); o incluso el uso de la Vía Verde para hacer un tránsito seguro de la Ruta del Peregrino.⁷

Es importante señalar la presencia en la RVVV de otro actor institucional que ha sobresalido por su participación en el proyecto de Vías Verdes: el Centro Universitario de los Valles (CUValles) de la Universidad de Guadalajara, a través de dos tipos de acciones: 1)  respecto de la infraestructura física de conexión a la ruta “El Gordero”, por la que se espera facilitar el acceso de los estudiantes que viven en las comunidades cercanas; 2) mediante acciones de activación como el concurso infantil “Pinta Mi Vía Verde”, que se llevó a cabo en mayo de 2016, o el desarrollo de la aplicación móvil “Vive Verde” desarrollada por profesores y alumnos del centro universitario ("'Pintarán' la vía verde en Ameca", 2016), con los cuales se ha promovido el conocimiento sobre el patrimonio de la región, así como su uso y preservación.

Conclusiones

La emergencia de la economía naranja está sustentada en el hecho de la importancia creciente de los servicios y el aprovechamiento de los recursos vinculados con la cultura en lo general, el patrimonio material e inmaterial, el conocimiento y los saberes de sociedades locales en específico, siendo el turismo una actividad relacionada con efectos territoriales de importancia, ligados con la sustentabilidad de los espacios.

La región Valles muestra evidencias de proyectos e iniciativas considerados como economía naranja; sin embargo, las políticas públicas han sido contrastantes respecto a la participación de los gobiernos subnacionales, lo que evidencia una correlación entre el poder económico de los actores y su nivel de decisión e intervención en la definición de los proyectos, al tiempo que se ha subordinado la acción de los gobiernos municipales.

Los proyectos de la región Valles también contrastan por el impulso de los actores participantes y la velocidad de su transformación: el paisaje agavero se sustenta en el empoderamiento de la empresa privada y los actores institucionales exógenos, principalmente organismos internacionales como el BID, el cual está avanzando con políticas de economía naranja dado el impulso a transformar el municipio de Tequila como una ciudad inteligente; mientras tanto el Proyecto Vías Verdes y Rutas Creativas es eminentemente el resultado de la política pública del Gobierno estatal, supeditado a las acciones de este y con una participación de la iniciativa privada aún en ciernes, así como de los gobiernos municipales o de los actores del ámbito institucional, como el caso de la Universidad de Guadalajara, en estadios en crecimiento, pero todavía sin una participación mayor en la definición de las acciones o proyectos territoriales.

Sin embargo, este es un proyecto que ha trascendido a las administraciones estatales principalmente por la importancia que revisten las posibilidades de crecimiento y desarrollo territorial de las comunidades en relación con su economía y su calidad de vida, de ahí entonces que resalten las acciones de activación que se llevan a cabo de manera creciente en las rutas.

Se presentan una variedad de retos para la política pública en la región Valles; en la zona del paisaje agavero, es recomendable aprovechar el proyecto de ciudades inteligentes para promover una mayor participación de los gobiernos municipales, los actores sociales y de la población en general, a fin de propiciar un mayor equilibro en el uso de los recursos patrimoniales y en la toma de decisiones sobre los proyectos que inciden en el territorio.

En la RVVV, un logro importante ha sido finalizar la construcción de la infraestructura que integra los dos tramos de ruta proyectados desde 2007, pero más trascendente resultará la sostenibilidad de las acciones de animación sociocultural y la emergencia de iniciativas de desarrollo local que se lleven a cabo a partir del proyecto, lo que a su vez requiere de la inclusión de otros actores empresariales, institucionales y socioterritoriales que puedan crecer su participación con actividades económicas y sociales en torno a la economía naranja, así como el fomento de las capacidades de gestión, tanto de los propios gobiernos municipales, como de los habitantes de la región Valles, a fin de empoderarse de su propio desarrollo local.

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